Política de Travel Rule (regla de viaje)

Objetivo

La Travel Rule (regla de viaje) es la obligación de recolectar, mantener y transmitir la información del remitente (originador) y del beneficiario que acompaña una transferencia de activos virtuales, para aumentar su trazabilidad y transparencia.

La política establece directrices, procedimientos y controles para asegurar la recolección, la validación, la conservación y la transmisión de esa información. Forma parte del programa de PLA/FT de Swapo y debe aplicarse en conjunto con las políticas de PLA/FT, KYC, KYB, KYT, seguridad de la información y protección de datos.

Alcance

La política se aplica a todas las transferencias de activos virtuales en las que participe Swapo, incluidos los envíos y recepciones on-chain, en operaciones nacionales e internacionales, con otras prestadoras de servicios de activos virtuales y, cuando corresponda, con billeteras autocustodiadas.

Como principio, Swapo debe aplicar la Travel Rule de forma amplia, al menos en el nivel exigido por las normas aplicables. Cuando no haya claridad regulatoria sobre umbrales o formatos, la política prevé un enfoque conservador y basado en riesgo, conforme a las orientaciones del GAFI.

Principios

• Enfoque basado en riesgo: controles proporcionales al riesgo del cliente, del producto, del canal, de la jurisdicción, del activo virtual, de la contraparte y del comportamiento transaccional.
• Integridad y trazabilidad: datos completos, consistentes y auditables.
• Seguridad y confidencialidad: transmisión por canal seguro, con cifrado, control de acceso y segregación de funciones.
• Minimización y finalidad: tratamiento de datos limitado a lo necesario para cumplir obligaciones legales y regulatorias y prevenir fraudes, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, conforme a la Ley General de Protección de Datos.

Información que acompaña la transferencia

La política define el contenido mínimo de la información de cada transferencia:

• Remitente persona física: nombre completo, identificador del cliente o de la billetera de origen y un dato adicional de identificación, como CPF o documento equivalente, fecha y lugar de nacimiento o domicilio.
• Remitente persona jurídica: razón social, CNPJ cuando corresponda, identificador de la billetera y, cuando lo exija el proceso de KYC o KYB, representantes y beneficiario final.
• Beneficiario: nombre completo o razón social e identificador de la billetera de destino.
• Prestadora contraparte: identificación institucional, como nombre, jurisdicción y registro o licencia, cuando esté disponible.

Siempre que sea posible, los datos deben seguir el estándar IVMS 101, referencia de interoperabilidad entre prestadoras.

Etapas de la transferencia

En las transferencias enviadas, la política prevé estas etapas:

• clasificar la transferencia como destinada a otra prestadora o a una billetera autocustodiada;
• verificar la prestadora contraparte;
• recolectar los datos y comprobar que estén completos, sean consistentes y compatibles con el registro del cliente;
• verificar listas de sanciones, listas restrictivas, personas expuestas políticamente y riesgo de la jurisdicción;
• transmitir la información por canal seguro, antes o en el momento de la transferencia;
• ejecutar la transferencia solo después de esas validaciones;
• registrar la información y mantener una pista de auditoría.

En las transferencias recibidas, Swapo debe correlacionar la información recibida con la transacción, compararla con los datos esperados y con el registro, y tratar las eventuales divergencias. La conclusión de la operación para el cliente depende de la finalización de esos controles.

Billeteras autocustodiadas

En las transferencias que involucran billeteras autocustodiadas, la política prevé medidas reforzadas, elegidas según el riesgo, como:

• comprobación de la propiedad o del control de la billetera, por ejemplo mediante firma de un mensaje o una transferencia de prueba;
• recolección de información del titular, cuando el cliente transfiera a un tercero;
• comprobación del origen o del destino de los recursos, cuando corresponda;
• límites, períodos de espera o aprobación manual en casos de alto riesgo;
• monitoreo reforzado, incluso después de la transferencia.

Contrapartes, excepciones y rechazos

Swapo debe mantener un registro de las prestadoras contrapartes, con jurisdicción, régimen de supervisión, licencia o registro, reputación, capacidad técnica de intercambio de datos e historial de incidentes. La operación automatizada solo debe realizarse con contrapartes que cumplan el estándar mínimo de riesgo y puedan enviar y recibir la información exigida; en las demás, se aplican medidas de mitigación.

Son situaciones de excepción: datos incompletos o inconsistentes, falla de transmisión, contraparte que no aplique la Travel Rule y sospecha de fraude, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. En esos casos, la política prevé:

• retener o pausar la transferencia, cuando sea posible;
• solicitar al cliente o a la contraparte que complete la información;
• analizar el riesgo y decidir entre liberar, liberar con medidas de mitigación o rechazar y bloquear;
• registrar la decisión, al responsable y las evidencias;
• evaluar la necesidad de comunicación al COAF (Unidad de Inteligencia Financiera de Brasil), conforme a la política de PLA/FT.

También está previsto un plan de contingencia para fallas tecnológicas en el intercambio de información.

Gobernanza, registros y privacidad

El directorio debe aprobar la política y asegurar los recursos. El director responsable de PLA/FT coordina el programa; el área de PLA/FT define los criterios de riesgo y supervisa las excepciones y los bloqueos; el área de operaciones ejecuta los flujos; el área de seguridad de la información responde por los controles técnicos y por la gestión de incidentes; el encargado de protección de datos se ocupa de la gobernanza de privacidad; y la auditoría interna realiza pruebas periódicas e independientes.

Los registros de alta, los mensajes intercambiados, los identificadores de transacción, las decisiones y las evidencias deben conservarse durante el plazo mínimo previsto en la legislación y en la regulación, o por un plazo mayor cuando lo exija una autoridad, protegidos contra alteración y acceso indebido y disponibles para supervisión y auditoría.

El intercambio de datos de Travel Rule tiene como finalidad el cumplimiento de obligaciones de PLA/FT y se basa en una obligación legal y regulatoria. Están previstos cifrado en tránsito y en reposo, autenticación fuerte, acceso restringido a la necesidad, registros de acceso y cláusulas contractuales de confidencialidad y de tratamiento de incidentes con proveedores y contrapartes.

Las áreas de operaciones, cumplimiento, atención y tecnología deben recibir capacitación inicial y anual sobre la política.

Revisión e incumplimiento

La política debe revisarse anualmente o cuando ocurra un evento regulatorio o material relevante. Las violaciones sujetan a colaboradores y prestadores a medidas disciplinarias y contractuales y, cuando corresponda, a comunicación a las autoridades competentes.

Base normativa y referencias

• Ley n.º 14.478/2022 (prestación de servicios de activos virtuales).
• Decreto n.º 11.563/2023 (competencia del Banco Central de Brasil).
• Circular BCB n.º 3.978/2020 y normas correlativas de PLA/FT.
• Ley n.º 9.613/1998 (lavado de dinero).
• Resoluciones BCB n.º 519, 520 y 521/2025.
• Recomendación 16 del GAFI/FATF (transparencia de pagos) y orientaciones del GAFI sobre enfoque basado en riesgo para activos virtuales y prestadoras de servicios de activos virtuales.
• Estándar de mensajes IVMS 101, como referencia de interoperabilidad.

Sobre esta versión

Versión pública del documento “Política de Travel Rule”, del 21/09/2026, que forma parte de la solicitud de autorización presentada al Banco Central de Brasil. La autorización aún no ha sido concedida.

El texto resume el documento interno. Se omitieron datos personales (LGPD), parámetros de monitoreo y detalles técnicos cuya divulgación perjudicaría la seguridad, la prevención de fraudes y la prevención del lavado de dinero, además de condiciones sujetas a confidencialidad comercial (Resolución BCB n.º 520/2025, art. 52, § 2). Esta versión no sustituye el contrato de prestación de servicios ni la regulación aplicable.

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